Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 24 Agosto, 2015

Disyuntivas

Democracia o dictadura de la calle

Las cartas están echadas y el sr. Presidente, los diputados, los partidos políticos, las organizaciones gremiales y sociales y los medios de comunicación deben jugarlas. El resultado de la partida es democracia y bienestar o dictadura de la calle y caos.
No, no estoy siendo dramático. Ese es el resultado que está en juego.
Los más viejos lo hemos vivido y sabemos cuáles son los enormes costos de rehuir las decisiones cuando ante los problemas el tiempo se agota.
Frente al aumento del desempleo y la caída en el crecimiento económico, ante el incremento en el déficit fiscal y la deuda del gobierno y dado el despilfarro del gasto público: es imprescindible actuar.
En estas circunstancias no importa que el entonces candidato hoy presidente se comprometiera a no aumentar impuestos en los dos primeros años, ni que otros candidatos se opusieran a reformas tributarias. Hay que actuar.
Y hay que actuar en todos los frentes porque el desfase es muy grande.
Ya el Ministerio de Hacienda en su presentación de los impuestos solicitados señaló que el ajuste requerido es de un 3,75% del PIB, del cual 1,5 debe provenir de ajuste en los gastos y 2,25 de impuestos.
Además, se sabe que si no se reducen de manera sostenible los exagerados gastos, privilegios y prebendas del sector público no se van a aprobar los impuestos. También se sabe que las reformas deben privilegiar el gasto que promueva el crecimiento y evitar los impuestos que más lo obstaculicen, pues buen crecimiento no solo favorece empleo y reducción de la pobreza, sino que genera más ingresos al gobierno.
La primera y principal responsabilidad para obtener un consenso y que las medidas se aprueben, recae en las espaldas del presidente Solís, que así se lo pidió a sus conciudadanos.
Está en manos del Presidente presentar en 15 días un presupuesto restrictivo del gasto, que se ajuste a la realidad nacional y que tome medidas similares respecto a los entes descentralizados. Para ello bastan unas pocas medidas: 1) que responsabilice a sus ministros y estos a quienes tengan personal a su cargo, de que las anualidades por méritos solo se den a quienes de verdad los merezcan (¿25 o 35%? de los trabajadores) y no a quienes simplemente cumplan sus obligaciones, y menos a quienes ni eso ofrecen y de que el plus por dedicación exclusiva solo se otorgue cuando el puesto —por sus muy especiales características— lo requiera; 2) que haga responsables a los ministros y jerarcas de no presupuestar y no ejecutar gastos que puedan ser pospuestos o eliminados sin afectar la esencia del servicio prestado; 3) reducir el gasto total en relación al PIB en 0,6 puntos, y que el gasto corriente no crezca en términos nominales (cualquier margen de aumento solo se aplicará a inversión) y 4) emitir una directriz a los entes autónomos para que actúen de igual manera en sus presupuestos y gastos.
En el ínterin, los señores diputados de oposición por acuerdo con el Presidente aprueban las leyes para mejorar la recaudación tributaria y combatir el contrabando y la evasión fiscal, con debido respeto a las instancias judiciales de protección de los ciudadanos y leyes para poner tope a las pensiones con cargo al presupuesto, limitar su crecimiento anual y aumentar los impuestos progresivos a las más elevadas.
Con estas medidas tendrán toda la fuerza el gobierno y la oposición para resistir la presión callejera ejercida por los interesados directos en el gasto que solo a ellos beneficia, y para aprobar gradualmente y pari passu en la Asamblea Legislativa: 1) las modificaciones a los impuestos que den el resto del aporte necesario para evitar el caos y alcanzar el bienestar; 2) leyes que para impedir que se vuelva a generar el desequilibrio actual, regulen los pluses en el empleo público, hagan las modificaciones con ese fin al Servicio Civil y a las reglas de personal de los entes descentralizados y aseguren que se cumpla la disposición constitucional de no financiar con endeudamiento el gasto corriente; 3) reglas fiscales que garanticen que la actividad fiscal sea anticíclica para limitar el crecimiento del gasto y los déficit en los periodos de alto crecimiento económico, y ahorrar para permitir su incremento durante años de bajo aumento del PIB, claro, en gasto no recurrente (en el pasado las llamé garantías económicas) y 4) cambios para una mejor gobernabilidad fiscal que se cumpla: relación planificación, presupuesto por metas y verificación para lograr una presupuestación basada en desempeño; presupuestos de inversión plurianuales; control legislativo de las normas y montos globales del gasto gubernamental incluyendo entes autónomos y eliminar las fijaciones legales de gastos. De esta manera se logra un ajuste equilibrado de las finanzas públicas afectando gastos e ingresos, se controlan disparadores del gasto y se dan garantías de que el déficit fiscal no será recurrente.
Ante la gravedad del problema, no se puede sucumbir al miedo que provoca la dictadura de las calles. La solución no es ante el miedo refugiarse en la inacción. La solución está en la democracia, en el diálogo y los acuerdos, en la defensa de nuestra institucionalidad.
Defender nuestra constitucionalidad, evitar el caos, ejercer sus responsabilidades democráticas y promover el bienestar de la mayoría es la responsabilidad de todos, pero sobre todo del presidente Solís.

Miguel A. Rodríguez