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Transferencia billonaria al Gobierno afectaría a consumidores

Crece oposición a impuesto de ventas del 15%

Propuesta perjudicaría a servicios cuyo consumo hoy no es gravado

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Está creciendo la oposición al plan del Gobierno de aumentar al 15% el impuesto pagado por los consumidores en la compra de la mayoría de bienes y servicios, en comparación con el 13% actual.
El problema no es tanto con el cambio, sino que se trataría de un impacto únicamente en el sector privado, mientras hay pocas indicaciones claras de que el Gobierno por su parte esté dispuesto a reducir sus costos de operación.
En cuanto al ámbito político, casi todos los diputados opositores rechazarían el plan.
Ninguna fracción salvo el PAC apoyaría la propuesta, dice Antonio Álvarez, diputado liberacionista.
Inclusive, el Frente Amplio, aliado principal del Gobierno, se opondría al plan que quitaría más de ¢2,5 billones al año de los bolsillos de los costarricenses.
“No estamos de acuerdo en aumentar este impuesto regresivo que afecta especialmente a los más pobres”, aseguró Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio.
Por su parte, el sector privado está unido en considerar que el incremento en este impuesto tendría efectos negativos en la economía, sobre todo cuando no existe un compromiso serio de reducir los costos del Gobierno.
No es conveniente un aumento de impuestos sin que se acompañe de propuestas para controlar el gasto público, dice Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica.
Parte del aumento en los ingresos del Gobierno vendría de la imposición del impuesto sobre el consumo de una amplia gama de servicios, que hoy está exenta.
Sin embargo, gran parte provendría de un aumento de la tasa impositiva, que pasaría del 13% al 14% en 2016, y al 15% en 2017.
El Gobierno necesita el dinero para pagar sus pérdidas, que este año llegarán a cerca de ¢1,2 billones, lo que representa el 6% de la producción nacional.
El Gobierno de cada año pierde billones de colones, principalmente porque sus trabajadores en promedio ganan casi un 50% más que sus contrapartes en el sector privado, de acuerdo con un análisis de LA REPÚBLICA con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado sería viable, pero sin aumentar la tasa, aseguran los diputados y empresarios.
Una alternativa es un impuesto del 10%, lo que permitiría a los consumidores conservar su dinero, mientras que el Gobierno cuente con la misma recaudación que ahora.
Por un lado, conseguiría menos recursos por el consumo de los bienes y servicios, que actualmente se gravan al 13%.
Por el otro, el Gobierno obtendría el dinero nuevo tras el consumo de los servicios, que hoy en día no están sujetos a impuestos.
La propuesta está programada para ser discutida en Asamblea este año, buscando su implementación a partir de 2016.

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Redacción
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