Costa Rica se opone a Ley de Arizona ante Tribunal de EE.UU.
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 04 octubre, 2010
Costa Rica se opone a Ley de Arizona ante Tribunal de EE.UU.
Costa Rica y ocho países latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina, pidieron a un juez de Estados Unidos sumarse a México en el apoyo a un fallo de un tribunal que bloquea disposiciones clave de la Ley de Arizona que requiere a la policía determinar el estatus migratorio de personas detenidas para ser interrogadas.
Los abogados que defienden a México dijeron el jueves en documentos presentados a un tribunal federal de apelaciones en San Francisco que la ley interfiere con sus relaciones con Estados Unidos y alienta “una inminente amenaza de un sesgo o discriminación permitido por el estado”.
Los nueve países latinoamericanos pidieron permiso para unirse a la petición de México de que el tribunal de apelaciones reitere el fallo de un tribunal menor que prohibió a Arizona pedir a la policía intentar determinar si alguien se encuentra legalmente en Estados Unidos y después detener esa persona si sospechan que no lo está.
Los otros países que presentaron la solicitud el jueves fueron Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
“México busca asegurarse de que sus ciudadanos en Estados Unidos sean tratados de conformidad con los derechos humanos y civiles establecidos en la constitución de Estados Unidos”, argumentó México en la solicitud presentada.
Para los casi 20 millones de trabajadores, turistas y estudiantes mexicanos que fueron “recientemente” admitidos en Estados Unidos, así como para quienes ya se encontraban en el país, la ley de Arizona “afecta adversamente las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, así como a los ciudadanos mexicanos y otras personas de origen latinoamericano que se encuentran en Arizona”, según la petición.
“Estamos al tanto de la solicitud”, dijo Paul Senseman, portavoz de la gobernadora de Arizona Janice Brewer, en un correo electrónico. Dijo que esperaba que el estado se demorara cuando menos una semana para presentar su respuesta.
En su decisión del 28 julio, la jueza federal de distrito Susan Bolton en Phoenix también prohibió la aplicación de disposiciones de la Ley de Arizona que convierten en delito que inmigrantes ilegales pidan empleo o trabajen.
Su fallo bloqueó asimismo la posibilidad de que policías detengan a personas que piensan que pueden ser inmigrantes ilegales sin contar con una orden de arresto.
Al día siguiente, el estado de Arizona apeló ayer ante un tribunal federal contra el bloqueo de las secciones más polémicas de su ley de inmigración conocida como SB1070, mientras más de 40 activistas que protestaban contra la medida fueron arrestados en Phoenix.
Un primer grupo de manifestantes, incluyendo activistas de California, marchó desde el tribunal federal, donde Bolton emitió su fallo, hasta el ayuntamiento y el edificio Wells Fargo, que alberga las oficinas del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.
Entre los primeros arrestados figuró el ex legislador estatal Alfredo Gutiérrez, que se encontraba fuera del tribunal federal Sandra Day O’Connor.
El cubanoamericano Jorge Mursuli fue arrestado junto a otros que intentaban bloquear la calle Washington Street.
Washington
Costa Rica y ocho países latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina, pidieron a un juez de Estados Unidos sumarse a México en el apoyo a un fallo de un tribunal que bloquea disposiciones clave de la Ley de Arizona que requiere a la policía determinar el estatus migratorio de personas detenidas para ser interrogadas.Los abogados que defienden a México dijeron el jueves en documentos presentados a un tribunal federal de apelaciones en San Francisco que la ley interfiere con sus relaciones con Estados Unidos y alienta “una inminente amenaza de un sesgo o discriminación permitido por el estado”.
Los nueve países latinoamericanos pidieron permiso para unirse a la petición de México de que el tribunal de apelaciones reitere el fallo de un tribunal menor que prohibió a Arizona pedir a la policía intentar determinar si alguien se encuentra legalmente en Estados Unidos y después detener esa persona si sospechan que no lo está.
Los otros países que presentaron la solicitud el jueves fueron Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
“México busca asegurarse de que sus ciudadanos en Estados Unidos sean tratados de conformidad con los derechos humanos y civiles establecidos en la constitución de Estados Unidos”, argumentó México en la solicitud presentada.
Para los casi 20 millones de trabajadores, turistas y estudiantes mexicanos que fueron “recientemente” admitidos en Estados Unidos, así como para quienes ya se encontraban en el país, la ley de Arizona “afecta adversamente las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, así como a los ciudadanos mexicanos y otras personas de origen latinoamericano que se encuentran en Arizona”, según la petición.
“Estamos al tanto de la solicitud”, dijo Paul Senseman, portavoz de la gobernadora de Arizona Janice Brewer, en un correo electrónico. Dijo que esperaba que el estado se demorara cuando menos una semana para presentar su respuesta.
En su decisión del 28 julio, la jueza federal de distrito Susan Bolton en Phoenix también prohibió la aplicación de disposiciones de la Ley de Arizona que convierten en delito que inmigrantes ilegales pidan empleo o trabajen.
Su fallo bloqueó asimismo la posibilidad de que policías detengan a personas que piensan que pueden ser inmigrantes ilegales sin contar con una orden de arresto.
Al día siguiente, el estado de Arizona apeló ayer ante un tribunal federal contra el bloqueo de las secciones más polémicas de su ley de inmigración conocida como SB1070, mientras más de 40 activistas que protestaban contra la medida fueron arrestados en Phoenix.
Un primer grupo de manifestantes, incluyendo activistas de California, marchó desde el tribunal federal, donde Bolton emitió su fallo, hasta el ayuntamiento y el edificio Wells Fargo, que alberga las oficinas del alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.
Entre los primeros arrestados figuró el ex legislador estatal Alfredo Gutiérrez, que se encontraba fuera del tribunal federal Sandra Day O’Connor.
El cubanoamericano Jorge Mursuli fue arrestado junto a otros que intentaban bloquear la calle Washington Street.
Washington