Arnoldo Mora

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Martes 4 Diciembre, 2007

Corrupción política y violencia

Arnoldo Mora

Para la recta comprensión de la violencia que hoy inunda nuestra vida cotidiana, es necesario ahondar en sus raíces. En ese sentido, merece destacarse lo señalado en el último Informe sobre el Estado de la Nación en que se califica, como factor determinante de tan grave mal, la creciente brecha que cada día se hace más y más abismal entre ricos y pobres. Lo importante de este señalamiento es que la causa de la violencia es vista, no como siendo la pobreza en sí misma, sino la desigualdad.
Es por eso que los programas sociales que, según cifras oficiales, han disminuido los índices de la pobreza extrema, no son suficientes para aminorar en igual medida la espiral de la violencia. Pues los factores que han incidido en la disminución de la pobreza se deben a medidas, tales como el aumento de las pensiones en el régimen no contributivo y los recursos destinados a becas para que estudiantes de bajos recursos no abandonen el colegio, lo cual ha sido posible porque el fisco ha podido mejorar el cobro de impuestos. Por otro lado, el Banco Central ha elevado el valor del colón frente al dólar, no solo reaccionando así ante el derrumbe de esa moneda, sino haciendo justicia, al menos parcialmente, a la gran mayoría de los costarricenses que, con la subvaloración del colón, no hacían sino pagar un oneroso e injusto impuesto a favor de un sector minoritario como son los exportadores.
Pero hoy quisiera destacar, frente a la violencia que azota al país como nunca antes en su historia, la responsabilidad que los sectores gobernantes actuales tienen por haber agrietado tan seriamente como nunca desde 1948, el Estado de derecho, arrojando sombras en cada uno de los procesos electorales y cambiando antidemocráticamente las leyes vigentes en esta materia. Todo comenzó con la aceptación, por cambiar la Constitución por parte de la mayoría de magistrados de la Sala IV, para que Oscar Arias pudiera reelegirse. Luego fue el Tribunal Supremo de Elecciones, cuya actuación en las últimas elecciones ha dejado mucho que desear. Finalmente, la conducta del mismo Tribunal durante la campaña sobre el referéndum, ha sido igualmente señalada como antidemocrática por un amplio sector de la población.
Todas estas flagrantes violaciones al Estado de derecho no han hecho sino acrecentar las sospechas y acusaciones de corrupción política en el origen y en el ejercicio del poder de parte de quienes hoy formalmente lo asumen. Hay una brecha de credibilidad entre un creciente sector de la población y los actuales gobernantes, que se refleja en las medidas de seguridad y el ostensible aparato del ejecutivo y de los diputados que componen la mayoría robótica, que los aíslan frente a su propio pueblo. Cordones policiales que militarizan el área donde se celebra una actividad oficial, vidrios polarizados y otras medidas que hacen que los “representantes del pueblo” (?) se aíslen más y más de ese mismo pueblo que les delegó su poder y, con ello, se descalifican en su condición de representantes suyos. El deterioro de “nuestra democracia centenaria” es evidente. El desenfreno de la violencia callejera en todas sus más virulentas manifestaciones es, en buena medida, el eco de este clamor popular frente a la ausencia de democracia real.