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Cierre del Instituto Contra el Cáncer con mínima oposición

| Miércoles 11 junio, 2008




Desinterés y falta de voluntad política generan que entidad oncológica no cuente con un plan de rescate
Cierre del Instituto Contra el Cáncer con mínima oposición

• Proyecto de ley para utilización de los $54 millones en la Red Oncológica Nacional fue presentado por José Manuel Echandi
• Antiguo director de esta institución teme por futuro de recursos financieros y humanos

Pablo Mora
pmora@larepublica.net

Todo apunta a que, al menos por ahora, no existe voluntad en la Asamblea Legislativa para reformar el Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), paso que es trascendental para evitar su clausura.
Esto después de que la Sala IV declarara inconstitucional a la ley que estipula la creación y funcionamiento de dicha entidad oncológica.
Específicamente, el “por tanto” del fallo señala que la Asamblea Legislativa cuenta con tres años para que el Congreso defi
na una nueva ley para la creación del ICCC. De lo contrario, el Ministerio de Salud tomaría “las medidas necesarias para asegurar una ordenada transición administrativa de todos los recursos humanos y materiales”.
La idea de la María Luisa Avila, ministra de Salud, consiste en acelerar el desmantelamiento del ICCC para iniciar lo que ella llama el “fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional”, según lo explicó en la edición de ayer de LA REPUBLICA.
La preocupación de Avila se centra en que si existe intención de reformar el ICCC, desaparecería su plan de desviar los $54 millones hacia otros proyectos dispersos en hospitales de todo el país que poseen una sección de oncología.
Sin embargo, la intención de la Ministra de Salud podría verse reforzada con otro proyecto de ley que presentaría Ofelia Taitelbaum, diputada liberacionista y presidenta de la comisión de Asuntos Sociales.
“Creo que nosotros, en conjunto con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud, deberíamos pasar un proyecto para que esos recursos se pongan a disposición de la Caja y que refuercen la Red Oncológica Nacional”, comentó Taitelbaum.
No obstante, la legisladora reconoció que es difícil pronosticar que ningún diputado desee presentar una nueva ley de creación para el ICCC en los próximos tres años, e incluso aceptó la posibilidad de que un nuevo documento s
urja en el periodo 2010 – 2011.
Además, la diputada liberacionista apoyó el desvío de los $54 millones a la Red Oncológica Nacional y se opone a la creación del Hospital Oncológico Nacional.
“Creo que debemos crear algo lo más pronto posible. Si este asunto se deja a la libre, corremos el riesgo de que futuros diputados hagan otro adefesio. Hay que cerrar esa posibilidad de error”, sentenció.
En cuanto al escenario de que una nueva ley restablezca el ICCC una vez desviados los recursos, Taitelbaum dijo que tal situación es factible, pero mostró su preocupación de “ayudar” al equipamiento de los hospitales regionales del país.
“Puede ser que nuestro proyecto se apruebe y luego no sirva, y que después se decida crear la ley para ese Instituto, pero creo que por ahora lo más importante es descentralizar la lucha contra el cáncer y fortalecer a los hospitales de la periferia del país”, expresó la presidenta de la comisión de Asuntos Sociales.
Pero parece que o
tro diputado se adelantó a las intenciones de Taitelbaum. Esto debido a que el proyecto de ley denominado Sistema Oncológico Nacional fue presentado por José Manuel Echandi, congresista del Partido Unión Nacional (PUN).
“Yo lo que pretendo es fortalecer la Red Oncológica Nacional y ubicarla en el Hospital México, además de facilitar la compra de otros dos aceleradores lineales y ubicarlos en el Hospital Calderón Guardia y San Juan de Dios”, dijo el legislador.
Además, el diputado del PUN aseguró que esta entidad “recibió millones” que guardó en cuentas bancarias durante diez años y no los puso en funcionamiento, y tampoco construyó el Hospital Oncológico Nacional.
Pese a las intenciones de Taitelbaum y Echandi, el doctor Oscar Ferraro, ex director del ICCC, recordó que la Sala IV decretó un espacio de tres años para reformar la Ley 7765. Si este periodo termina, el ministro de Salud en el año 2011 tomará la decisión de lo que se hará con el dinero y el personal de esa entidad.
“En el desorden institucional que existe en la CCSS, cualquier monto y recurso humano es insuficiente, porque el desastre médico administrativo es de tal magnitud que por ahí debe empezar a corregirse un futuro proyecto”, aseguró Ferraro.






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