CHISPORROTEOS
Alberto Cañas afcanas@intnet.co.cr | Miércoles 13 febrero, 2008
Alberto F. Cañas
He leído con enorme interés las proposiciones que ha hecho don Gerardo Trejos para reformar el Poder Judicial. Aunque apartado de las lides abogadiles hace más de treinta años, me he podido dar cuenta de que al Poder Judicial le ha ocurrido lo mismo que al resto del Estado costarricense: que no ha sabido adaptarse al brutal crecimiento que, sobre todo en población, hemos experimentado, y como consecuencia de ello la justicia (al menos la penal que es la que en estos momentos nos preocupa a todos) está casi paralizada.
La delincuencia crece y la alcahuetería de nuestra legislación penal se hace cada vez más dramática; es evidente que el Poder Judicial necesita una intervención quirúrgica, y en buena parte esa intervención es la que el Lic. Trejos propone.
Yo introduciría algunas modificaciones a su proyecto. Por ejemplo: desde que el recurso de amparo se introdujo en la Constitución del 49, fue resuelto por los jueces a entera satisfacción de los habitantes. ¿Por qué se los quitaron para encomendárselos a la Sala IV? Nadie dio razones. Yo propondría que también el recurso de Habeas Corpus se les asignara a los jueces, con lo cual la Sala IV se descongestionaría sensiblemente sin detrimento de la justicia.
Otra reforma que valdría la pena, es que los magistrados, de la sala que sean, deban nombrarse escogiendo, por turno riguroso, entre funcionarios judiciales, profesores de derecho (de la Universidad de Costa Rica, no de las de garage), y abogados litigantes (sea de bufetes privados o de instituciones públicas). Es frecuente (aunque en la Asamblea no lo sepan) que los mejores candidatos no estén necesariamente entre los jueces.
Por otra parte, yo eliminaría esa barbaridad de abrir las plazas de magistrado a solicitantes de antesala y convertir el nombramiento en un concurso de aspirantes. Cito por enésima vez a don Chico Orlich: cuando hay una vacante, los que se ofrecen son generalmente los peores. Y además, pienso en personajes como don Víctor Guardia, don Enrique Guier, don Gerardo Guzmán, don Jorge Guardia, don Fernando Baudrit, don Fernando Coto Albán, don Ulises Odio, y francamente no me los imagino, por razones de pudor personal entre otras, solicitando una magistratura.
En las tres ocasiones en que como diputado me tocó participar en elección de magistrados, lo hice a fondo: las dos primeras veces en alianza con don Virgilio Calvo y don Paco Ruiz, y la tercera precisamente con don Gerardo Trejos, escogimos a los licenciados Coto Albán y Odio a quienes acabo de citar, y a don Bernardo Van der Laat que acaba de pensionarse. Me enorgullezco de mi participación muy activa en esos tres nombramientos de grandes juristas que ni hicieron antesala ni tuvieron que presentar atestados. Los atestados eran ellos mismos.
Ojalá que la Asamblea Legislativa ponga atención a las ideas de don Gerardo, y que efectivamente se aboque a la reforma del Poder Judicial. Algo que urge, y de eso no ha hablado don Gerardo, es que se le quite a la Sala IV (la tenga actualmente o no), la facultad de indicarle al Legislativo cómo debe actuar, y la de examinarle sus procedimientos (que la condujo a declarar inconstitucionales ciertas leyes porque no constaba en actas el número de diputados que las habían aprobado, dato que jamás ha constado en ninguna acta, porque el país le cree al Presidente del Legislativo cuando dice “aprobada”). De paso, felicito a mi amigo don Gerardo.
afcanas@intnet.co.cr
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