Logo La República

Martes, 20 de agosto de 2019



COLUMNISTAS


CHISPORROTEOS

Alberto Cañas [email protected] | Sábado 06 junio, 2009



CHISPORROTEOS


La polémica en torno a la nueva supervía a Caldera y sus efectos sobre los pobladores de Ciudad Colón y Santa Ana, (que tendrán que pagar fuertemente por utilizarla, o seguir usando “el camino viejo” como buenos pobres) nos vuelve a plantear el tema de la progresiva privatización de los servicios en nuestro país, que cada vez tienden más a ser un negocio (lícito, es cierto, pero mis puntos de vista tienden más bien a ser éticos) de alguien.

El sistema de carreteras que cubrió la parte central de nuestro territorio a partir de la segunda administración de don Ricardo Jiménez, fue construido por el gobierno, con algunas excepciones como la vía al volcán Irazú, que fue hecha por una empresa privada nacional (don Francisco Jiménez Ortiz) con magníficos resultados como es público y notorio, pero sin que pasara a ser propiedad del constructor.

Pero desde hace alrededor de 30 años (me atrevo a afirmar que desde que el gobierno de Oduber construyó (estupenda hazaña) la carretera Braulio Carrillo, y el de Carazo la circunvalación de la capital, las subsiguientes administraciones, sin decir “agua va” descuidaron la construcción, el Ministerio de Obras Públicas archivó y probablemente permitió que se herrumbraran sus herramientas, y años después descubrió la fórmula de las concesiones y se sacó de la manga la actual, horrenda ley sobre ellas, según la cual prácticamente todo debe concesionarse, y el Ministerio como tal se limita a vigilar (o a corromperse, vaya usted a saberlo).

Y aquel país que hace 100 años construía con fondos propios e ingenieros propios los 116 kilómetros del Ferrocarril al Pacífico y que cruzó de carreteras la parte central de su territorio, y construyó con fondos propios el aeropuerto que hoy se llama Juan Santamaría y la planta de La Garita y todo lo que a ustedes se les ocurra que se construyó aquí hasta que comenzó la fiebre privatizaria, ahora se limita a buscar quien le haga las cosas y cobre por ellas (aunque ni siquiera tenga financiación pues, como ocurrió con los del aeropuerto, piden plata a la banca nacional que acaso pudo dársela al gobierno si éste hubiera tenido ganas de emprender la obra). Y eso de vigilar se lo dejo para otro día, pues basta pronunciar la palabra aeropuerto para darse cuenta de la total ineficiencia, desinterés e inutilidad del otrora celebrado MOPT.

Ustedes tal vez recuerden el precioso incidente que presenciamos cuando en la reconstrucción de la vía férrea San José-Heredia que emprendió don Miguel Carabaguíaz desde el Instituto de Ferrocarriles (o como se llame ahora lo que hace cien años se llamaba Ferrocarriles de Costa Rica), apareció algún daño en un lugar de la vía, e inmediatamente salió el inefable MOPT a decir que había que contratar una empresa extranjera que hiciera la reparación. Una empresa extranjera para reparar lo que 130 años antes había construido el gobierno de Tomás Guardia a pico y pala, con martillos, desatornilladores y peones locales. Por supuesto, Carabaguíaz hizo la reparación. Raro que no lo destituyeran, digamos que por desobediente.

Una medida que urgentemente deberá tomar el gobierno del 2010 (por supuesto, si gana la oposición), es la derogatoria de la bendita ley de concesiones. Que el Ministro de Obras Públicas informe a la Asamblea Legislativa del estado en que encuentre el ministerio y que de inmediato ponga manos a la obra. ¿A cuál obra? Ustedes lo saben: a la obra pública que antaño hacía con eficiencia, buen juicio y sin cobrarle a la población por disfrutar de ella.


[email protected]