Quieren establecer altos impuestos e impedir que esos dineros allí generados puedan ir a otros mercados. Para eso han establecido la renta global

 

Sinceramente

¡Campaña anti empresa para aprobar impuestos!

Algunos políticos han construido poco a poco un imaginario social en el que es claro el mensaje de que la empresa nacional y extranjera son enemigas del país. Es la aplicación del lema: “todos corruptos siempre los mismos” al sector empresarial, una forma de acabar con su liderazgo y credibilidad para acabar con adversarios.
Personeros del Ministerio de Hacienda han afirmado en comisión legislativa bajo juramento que: “Tener sociedades en el exterior, aun en un paraíso fiscal, no es por sí un acto ilegal. Ilegalidad podría darse, según el uso que pueda dárseles a las sociedades”. Eso es totalmente cierto y correcto, pero está siendo usado el resto de la argumentación para sembrar la imagen de que la empresa es defraudadora, lavadora y sinvergüenza. Ya han arremetido contra abogados y lo harán contra los contadores.
Según la definición de la Organización de Países Desarrollados OCDE, “un paraíso fiscal es una jurisdicción que se utiliza como instrumento de competencia fiscal perjudicial” para quienes como los países de esa organización tienen los impuestos más altos del mundo. Este es un asunto de un cartel tributario que no desea competencia por los recursos internacionales de otros sistemas tributarios que cobran menos. No desean verse forzados a rebajar sus propios impuestos por la competencia tributaria ajena. Lo que es cierto es que esos países de la OCDE no desean que sus contribuyentes saquen la plata de sus mercados a otros que les beneficien más.
Quieren establecer altos impuestos e impedir que esos dineros allí generados puedan ir a otros mercados. Para eso han establecido la renta global. No importa dónde se genere la ganancia, el impuesto debe ser pagado en la OCDE. La mayoría de las ganancias generadas en el mundo lo son en la OCDE.
Propone la OCDE: “PROPUESTA DE ACCIÓN: Se debería avanzar hacia una mayor eficacia en la aplicación de las normas de identificación de la propiedad efectiva y deben explorarse soluciones alternativas para asegurarse de que la información es más fácil de conseguir.” OECD Secretary General Report to G20 Finance Ministers: Update on Tax Transparency, a raíz de los Papeles de Panamá, Abril 2016. Esta afirmación hecha luego del robo de once millones de documentos por “hackers” deja mucho que desear. Ellos financiaron la operación de difusión de los documentos robados.
¿Por qué los ladrones no están en la cárcel? ¿Cómo organizaciones serias financiaron la difusión de lo robado? ¿Cómo sabemos que los documentos son legítimos y no se han plantado documentos para generar perjuicios políticos o de imagen? ¿Quieren dar legitimidad al robo de información electrónica? ¿Por qué los ladrones electrónicos anteriores están siendo perseguido y estos no?
Los papeles de Panamá no fueron más que el hurto de propiedad legal en un bufete, no hubo autoridad judicial que requiriera los mismos y no existe, ni remotamente, integridad en una cadena de custodia que nunca existió, por lo que allí puede haber habido documentación ilegítima, fabricada y con aviesas intenciones políticas.


Emilio R. Bruce
Profesor
ebruce@larepublica.net

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