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Corresponde a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo ordenar el funcionamiento de estos gremios (taxistas y porteadores) de modo tal que haya justicia, modificando lo que sea necesario para volver a instaurar el orden público


Bloqueos: la ciudadanía también tiene derechos

Los conflictos y desórdenes producidos en estos días en el país como consecuencia de las acciones en las calles de la llamada “fuerza roja” (taxistas) y de los porteadores, ambos aduciendo la defensa de ciertos derechos, crearon serios problemas en la vida de miles de ciudadanos que deben dirigirse cada día a sus sitios de trabajo o a sus centros de estudios, entre muchas otras necesidades.
Todas esas personas han sufrido pérdida de tiempo, llegadas tardías a los sitios adonde se dirigían en detrimento de las obligaciones que debían atender, aumento del gasto en combustible por las presas o desvíos, mayor contaminación, tensión que afecta la salud, para mencionar algunos de los principales daños.
Las autoridades no han podido poner orden y devolver a la ciudadanía el derecho a la libre circulación.
El hecho de que exista en algunos casos, una vía alterna a las parcialmente bloqueadas por los manifestantes, por la que puedan circular los vehículos, no significa que dejen de producirse los daños antes mencionados. Solo el hecho de contar con una vía en vez de dos o más, ya asegura mayores presas y desgaste en todos los sentidos antes mencionados.
Pero además del problema a la vista de todos quienes han tenido que padecerlo, hay que mencionar un tema que tiene que ver más con la raíz del asunto que con sus consecuencias actuales.
El problema de la forma como se ha organizado el funcionamiento de estos gremios, dedicados a prestar un servicio público de transporte, no es algo de responsabilidad del actual gobierno. A este más bien le toca hoy hacerles frente a decisiones políticas tomadas en gobiernos anteriores.
Probablemente, por razones que nada tienen que ver con el derecho a la libre circulación de los ciudadanos y al bien común en general, se reguló el funcionamiento de estos gremios de modo tal que hoy genera los problemas que vemos.
Todos argumentan razones, pero corresponde a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo ordenar el funcionamiento de estos gremios de modo tal que haya justicia, modificando lo que sea necesario para volver a instaurar el orden público.
 

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