Avances y desafíos
| Jueves 08 marzo, 2012
Avances y desafíos
El INAMU presentó hoy el Primer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, que tiene por objetivo analizar el estado de esos derechos de cara a los compromisos asumidos en el ámbito internacional y nacional, a fin de brindar insumos que permitan la toma de decisiones pertinentes y el seguimiento a las políticas públicas y la rendición de cuentas en la sociedad.
En la investigación se analizan 81 indicadores que evidencian desigualdades y permiten identificar barreras objetivas y subjetivas para el avance de los derechos en los ámbitos civiles, políticos, económicos, laborales, sexuales y reproductivos, así como el derecho a una vida libre de violencia y el análisis de la relación género y pobreza.
Se analizan también las opiniones y percepciones de la ciudadanía respecto a los derechos humanos de las mujeres.
En términos generales el estudio reconoce un mayor avance en la igualdad formal que en la real entre hombres y mujeres, y se advierten posibles riesgos de retroceso en los alcances obtenidos. Los principales avances de los últimos 15 años ocurrieron en el ámbito público, mas no así en el privado; también se evidencia que existe una apropiación del discurso de los derechos humanos de las mujeres por parte de la población; sin embargo, existe una brecha entre el conocimiento y la acción.
En el ámbito económico hay una tendencia histórica al aumento sostenido de la jefatura femenina y a los hogares con jefatura femenina en condiciones de pobreza. En cuanto a los derechos económicos y laborales, el estudio muestra que la tasa neta de participación en la fuerza de trabajo ha tenido un avance moderado pero sostenido, no obstante, persisten desigualdades salariales y en el acceso al empleo de calidad. Otras desigualdades e inequidades de género se evidencian en las condiciones de aseguramiento, pues son las mujeres quienes tienen menor cobertura.
En el ámbito de la violencia resalta el número de nacimientos en niñas entre diez y 14 años. Preocupa esta situación porque indica que estas niñas madres no solo se enfrentan a la violencia sexual, sino que también ven coartados sus procesos de desarrollo físico, psicológico y educativo al verse forzadas a asumir roles que no son apropiados para su edad.
En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el estudio identificó la existencia de deudas históricas con las mujeres. Finalmente, en los derechos políticos hemos avanzado; sin embargo, los cambios han sido muy lentos y las brechas para lograr la paridad de género aún persisten. Aun cuando las mujeres cuentan con mayor preparación académica, los espacios de toma de decisiones siguen estando en manos de hombres.
El avance de los derechos de las mujeres es un fenómeno muy complejo que involucra tanto cambios en términos culturales e ideológicos como en las prácticas cotidianas de las personas, instituciones y comunidades. Implica no solo la responsabilidad del Estado en términos de crear bases y oportunidades para el acceso y ejercicio de los derechos, sino también el establecimiento de compromisos individuales y colectivos en la construcción de una ética de vida inclusiva y de respeto mutuo en todas las relaciones humanas, para así lograr transformaciones más profundas y sólidas.
Maureen Clarke
Presidenta ejecutiva del INAMU
El INAMU presentó hoy el Primer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, que tiene por objetivo analizar el estado de esos derechos de cara a los compromisos asumidos en el ámbito internacional y nacional, a fin de brindar insumos que permitan la toma de decisiones pertinentes y el seguimiento a las políticas públicas y la rendición de cuentas en la sociedad.
En la investigación se analizan 81 indicadores que evidencian desigualdades y permiten identificar barreras objetivas y subjetivas para el avance de los derechos en los ámbitos civiles, políticos, económicos, laborales, sexuales y reproductivos, así como el derecho a una vida libre de violencia y el análisis de la relación género y pobreza.
Se analizan también las opiniones y percepciones de la ciudadanía respecto a los derechos humanos de las mujeres.
En términos generales el estudio reconoce un mayor avance en la igualdad formal que en la real entre hombres y mujeres, y se advierten posibles riesgos de retroceso en los alcances obtenidos. Los principales avances de los últimos 15 años ocurrieron en el ámbito público, mas no así en el privado; también se evidencia que existe una apropiación del discurso de los derechos humanos de las mujeres por parte de la población; sin embargo, existe una brecha entre el conocimiento y la acción.
En el ámbito económico hay una tendencia histórica al aumento sostenido de la jefatura femenina y a los hogares con jefatura femenina en condiciones de pobreza. En cuanto a los derechos económicos y laborales, el estudio muestra que la tasa neta de participación en la fuerza de trabajo ha tenido un avance moderado pero sostenido, no obstante, persisten desigualdades salariales y en el acceso al empleo de calidad. Otras desigualdades e inequidades de género se evidencian en las condiciones de aseguramiento, pues son las mujeres quienes tienen menor cobertura.
En el ámbito de la violencia resalta el número de nacimientos en niñas entre diez y 14 años. Preocupa esta situación porque indica que estas niñas madres no solo se enfrentan a la violencia sexual, sino que también ven coartados sus procesos de desarrollo físico, psicológico y educativo al verse forzadas a asumir roles que no son apropiados para su edad.
En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, el estudio identificó la existencia de deudas históricas con las mujeres. Finalmente, en los derechos políticos hemos avanzado; sin embargo, los cambios han sido muy lentos y las brechas para lograr la paridad de género aún persisten. Aun cuando las mujeres cuentan con mayor preparación académica, los espacios de toma de decisiones siguen estando en manos de hombres.
El avance de los derechos de las mujeres es un fenómeno muy complejo que involucra tanto cambios en términos culturales e ideológicos como en las prácticas cotidianas de las personas, instituciones y comunidades. Implica no solo la responsabilidad del Estado en términos de crear bases y oportunidades para el acceso y ejercicio de los derechos, sino también el establecimiento de compromisos individuales y colectivos en la construcción de una ética de vida inclusiva y de respeto mutuo en todas las relaciones humanas, para así lograr transformaciones más profundas y sólidas.
Maureen Clarke
Presidenta ejecutiva del INAMU