Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 2 Noviembre, 2016

Eliminemos eso que llaman beligerancia política, que se les puede imputar al Presidente y sus ministros

Pizarrón

Avancemos a formas más democráticas, reales y ricas de la discusión política nacional
 

La activa participación pública en la discusión de asuntos políticos, de gobierno, de elecciones internas, que tienen los presidentes de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cuba, Raúl Castro, por citar algunos del continente, pero también de Europa, en España, Francia, Italia, o de los mismos Estados Unidos, Barack Obama, y hasta su esposa Michelle Obama, evidencia grados de madurez política de esas sociedades y países, donde estas figuras no tienen ningún impedimento de participar en la discusión de asuntos políticos, de gobierno, de carácter electoral, de cara a los otros actores políticos, sean dirigentes opositores, partidos políticos, congresos legislativos o electores, si es del caso.

Cuando existían los países socialistas, y los partidos comunistas los gobernaban, todos los dirigentes políticos comunistas, de gobierno, de Estado o de Partidos, participaban activamente en los debates públicos de los distintos temas que se daban por dirección o iniciativa de sus gobiernos, de sus Estados, de sus partidos políticos, o de sus parlamentos sobre los diversos temas de la vida pública y leyes en discusión. Nadie de la izquierda ni de los partidos comunistas objetaba esta participación. En los países no socialistas, europeos o de diversas partes del mundo, donde de la misma forma participaban estos dirigentes, tampoco nadie, desde Costa Rica, objetaba esas participaciones. De una u otra manera se veían normales y democráticas, y comunes de la vida cotidiana.

En Costa Rica se estableció una prohibición constitucional para que el Presidente y los altos funcionarios de gobierno no puedan participar del debate público y político aun defendiendo sus propias tesis o sus propios proyectos de ley. El caso más extremo de esta situación fue cuando, recientemente, durante la discusión del TLC en 2007, a propósito de la realización del referéndum convocado para ello, al propio presidente Óscar Arias, quien promovió la convocatoria del referéndum, el Tribual Supremo de Elecciones le advirtió que no podía defenderlo ni participar directamente en la discusión. Eso llevó a la conformación de los Comités del Sí y del No, a favor o no, del referéndum.



Y, más recientemente ha aflorado la situación, especialmente, en los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que los Estatutos de sus partidos prohíben que quienes ejercen cargos de suprema autoridad de esos partidos, si desean aspirar a cargos públicos en elecciones populares deben renunciar a esos cargos para “igualarse” con cualquier otro aspirante dentro de esos partidos.

Esto es a todas luces desconocer el papel de los dirigentes nacionales de los partidos políticos y del gobierno y el Estado. Un dirigente político no se forma de la noche a la mañana, lleva su tiempo, a veces sus años. Si una persona ocupa un alto cargo en un partido político es por mérito reconocido al interior de ese partido para que lo ocupe, y si esa persona, a la vez aspira a cargo público alguno, con el apoyo de ese partido, y de sus afiliados cuando a ellos se les consulta, es porque se actúa en consecuencia de ese reconocimiento público y de líder partidario que puede ostentar. Esto sin hipocresías políticas. Así se debe proceder.

En Liberación Nacional obligaron a José María Figueres a renunciar a la Presidencia del partido para poder aspirar a ser precandidato a la presidencia. El mismo Estatuto establece que si llega a serlo, candidato a la Presidencia, entonces asume la Presidencia del partido durante el periodo de la campaña electoral. ¿No es un absurdo? Es como un perro mordiéndose la cola.

En la Unidad Social Cristiana están presionando a Rodolfo Piza para que deje la Secretaría General del partido, para que pueda aspirar a la precandidatura presidencial por ese partido, argumentando el peso que ese cargo puede tener en la discusión interna. Pero, acaso no es lo mismo para Rafael Ortiz, que es diputado y que por tal motivo tiene exposición diaria en los medios de comunicación. Acaso él tiene que renunciar a ese cargo para poder aspirar a la precandidatura. No, al contrario, lo potencia. Si a Rodolfo le imputan que puede aprovechar los mecanismos del partido y la estructura, y hasta los recursos financieros para su aspiración, acaso Rafael Ortiz no aprovecha igual, disfrazándolo de labor parlamentaria, los recursos humanos, y financieros de la Asamblea Legislativa y hasta de movilización si puede hacerlo.
En los otros partidos del espectro nacional esta situación no se ve así. En la tradición de los partidos de izquierda costarricense la activa participación de los dirigentes de partidos y su vínculo con las postulaciones era absolutamente normal, y lo sigue siendo.
¿Por qué, entonces, no ponemos a discusión, la necesidad de eliminar cualquier prohibición para que los dirigentes políticos nacionales, de partido o de gobierno, puedan actuar abiertamente, sin restricciones en sus aspiraciones, y en el debate político nacional? Eliminemos la prohibición que tienen el Presidente, sus ministros y otros funcionarios de gobierno para que puedan participar más ricamente en el debate nacional. Eliminemos eso que llaman beligerancia política, que se les puede imputar al Presidente y sus ministros. Que en los partidos políticos se eliminen, de sus estatutos, esas absurdas prohibiciones contra sus dirigentes nacionales si desean aspirar a puestos de elección popular. Que se deje la hipocresía política en este sentido. Avancemos a formas más democráticas, reales y ricas de la discusión política nacional.