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Martes 1 Noviembre, 2016

La convocatoria a una Asamblea Constituyente, representa la oportunidad para el pueblo costarricense de generar el espacio adecuado para la discusión responsable del nuevo rumbo que requiere el país

Apuntes sobre una nueva Constitución Política

Lic. Hugo Hernández Alfaro

Luego de muchos años de historia patria transformada en avances y retrocesos políticos que marcaron el tránsito del país, desde su configuración como provincia, hasta su independencia y posterior conformación en República; se logró con base en los antecedentes sociales previos a la revolución de 1948 y a un arduo trabajo de los ilustres integrantes de la Asamblea Constituyente del 49, la promulgación de la Constitución Política; mediante la cual se alcanzó una estabilidad político-social, permitiendo grandes avances en el país y la consagración de temas fundamentales para el desarrollo armónico de la sociedad.
La Carta Política actual introdujo un conjunto de instituciones políticas y sociales que dieron rumbo al país. Entre las principales modificaciones realizadas figuran la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército como institución permanente, las garantías sociales, el voto de la mujer, el fortalecimiento del régimen municipal; así como la constitucionalización de los principios básicos en un Estado Social y de Derecho en materia presupuestaria, los principios en materia de contratación administrativa, la creación de la Contraloría General del República y el régimen del Servicio Civil.


No obstante, el devenir social, el dinamismo del derecho, el desarrollo político, económico, tecnológico, demográfico y científico, entre otros, hacen preciso que nuestra Carta Fundamental se remoce, a efecto de mantener al país dentro de las corrientes de cambios mundiales y asegurar a su vez un orden constitucional que siga permitiendo nuestra vida en democracia. Caso contrario, la Carta Magna perdería su poder normativo y vinculación con la realidad o dicho en otros términos su valor o eficacia jurídica, respecto al funcionamiento de la sociedad y el Estado. Se puede decir, en línea con lo que antecede, que las reformas constitucionales representan las acciones preventivas de los accidentes del sistema constitucional.

Prueba de ello es que a lo largo de los 67 años de vigencia de nuestra Constitución, de los 197 artículos que la componen han sido reformados, mediante los mecanismos legales fijados para ello, 93 numerales, lo que representa aproximadamente un 47% del total, cifra que para algunos será alta y para otros poco considerable; pero que al fin refleja como la Constitución Política muestra vida y ejerce su derecho procurando estar actualizada.
Sin embargo, este periodo de parches, si se nos permite el término, no debería seguir más; tantos cambios podrían hacer perder la validez del texto constitucional, o bien, terminar atrofiándolo, por lo que no es conveniente que tales efectos, alcancen la base jurídica sobre la que descansa el ordenamiento constitucional de nuestro Estado democrático. Resulta preciso entonces realizar un examen, que nos permita concientizarnos sobre la necesidad de enfrentar la realidad nacional con las herramientas actuales, que nos faculten a tornar el vetusto Estado en uno moderno, capaz de afrontar los nuevos tiempos y sus retos particulares, pero ahora de una manera integral, ya no parcial.
En vista de lo anterior, es indispensable aceptar con madurez, sin tintes de ningún color político, que Costa Rica requiere un remozamiento, mediante un proceso ordenado, responsable, participativo, democrático, integrador, reglado y científico; pero que sobre todo, fortalezca la democracia y la paz, temas pilares para cualquier acción que pretenda mejorías a través de variantes de orden constitucional. Para estos efectos, emerge en el horizonte democrático, un instituto que no es nuevo y que, como sabemos, no sería la primera vez que se aplica en nuestro terruño, cuya principal bondad es que se utiliza en coyunturas pacíficas y democráticas conforme a la normativa constitucional, denominado Asamblea Constituyente.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, representa la oportunidad para el pueblo costarricense de generar el espacio adecuado para la discusión responsable del nuevo rumbo que requiere el país en paz, en armonía y conforme reglas democráticas. No debemos pensar que dicha convocatoria representa un peligro para el ordenamiento democrático social del país, ni blandir la bandera del rechazo a la opción pacífica-constitucional, sin conocer sus alcances, bondades y posibilidades de contribuir al mejoramiento de la vida nacional. Si bien pueden existir temores infundados sobre su significado y consecuencias, no debe creerse, como muchos lo pretenden, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente representa un peligro para la sociedad, buscando beneficiar a unos en detrimento de muchos.
La Asamblea Constituyente es sin duda una de las mejores muestras de la madurez democrática de una nación, por cuanto la coyuntura actual, de paz, permite que el país se reorganice desde sus entrañas, echando mano de mecanismos que aseguren la participación democrática de los diferentes sectores del Estado, para la conformación del nuevo ordenamiento constitucional. En nuestras latitudes como en Europa, ya hemos tenido ejemplos de esta naturaleza, en países como Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Francia, donde este tipo de procesos se han verificado, sin ocasionar daños o trastornos solo beneficios.
Los miedos infundados responden a falta de conocimiento sobre lo que verdaderamente representa la convocatoria a una Asamblea Constituyente y sus alcances, en tanto no existen razones fundadas para dejar pasar la oportunidad democrática y pacífica que representa esta opción. La posibilidad de una nueva Constitución, es un paso importante que no se puede desechar de buenas a primeras, por lo que es preciso abrir espacios físicos y mentales para al menos valorar la propuesta. Con este ejercicio democrático no se pierde, solo se gana; así las cosas, de manera responsable deberíamos llevarlo a cabo y contribuir así con acciones orientadas a mejorar nuestro país.