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Miércoles 29 Agosto, 2007

Apertura de telecomunicaciones


Los cánones, el exceso de trámites y los nuevos entes burocráticos que se crearán con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones y la de Fortalecimiento y Modernización de las entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, afectarán directamente el bolsillo de los costarricenses. Por eso, nuestra posición como representantes libertarios en ambas comisiones, es en total defensa de los usuarios de telefonía fija, celular, Internet y otros servicios.
Por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones, mediante el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (art. 42), prevé que los operadores de telecomunicaciones (por ende los usuarios por medio de tarifa) cancelen anualmente un monto de hasta un 4% de sus ingresos brutos y que en este caso, solo el ICE tendría que pagar en el primer año de vigencia más de ¢12.480 millones.
Adicionalmente, se impone discrecionalidad en otros tributos tales como regulación (art. 69) y la tasa por el uso del espectro radioeléctrico (art. 70) en los que no se define el monto a cobrar, lo que prácticamente constituye un cheque en blanco a favor del Estado.
Por otra parte, el proyecto de Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones” crea, injustificadamente, un Concejo Sectorial de Telecomunicaciones, órgano con máxima desconcentración, adscrito al Ministerio del Ambiente e integrado únicamente por representantes del Poder Ejecutivo que vendría a administrar la asignación de concesiones del espectro radioeléctrico. Lo anterior denota una clara politización en el otorgamiento de las concesiones.
Los libertarios consideramos que los proyectos actuales otorgarán al gobierno de turno el poder para otorgar las concesiones con criterios políticos, a diferencia de lo que sucede en otros países, donde la asignación de concesiones se basa en criterios técnicos.
De la manera en que están planteados los proyectos, se trata de una falsa apertura, donde el más afectado será el usuario final de los servicios. Una verdadera modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, debe partir de la optimización del manejo de los recursos y la administración de las organizaciones existentes, no de la creación de más burocracia y politización de las instituciones, que invariablemente terminarán afectando los intereses de los costarricenses.
Ante este panorama, presentaremos sendos dictámenes de minoría como una alternativa dirigida básicamente a defender a los usuarios de citados servicios, mediante textos de ley que sí beneficiarían a los costarricenses.

Luis Barrantes Castro
Céd. 2- 433-182