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Martes 9 Febrero, 2016

Afectación del sector pesquero por Banderas de Conveniencia, ¿qué quiere Costa Rica?

Costa Rica promulga su preocupación y atención prioritaria a los temas relacionados con la conservación del medio ambiente. En el mar en concreto, se encuentran grandes recursos que son explotados por el sector pesquero; siendo necesaria la implementación de políticas públicas homogéneas acordes con la normativa internacional y con las necesidades del país.
Mediante Ley N° 9321, se aprobó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDR), que busca establecer las medidas para prevenir y eliminar cualquier tipo de pesca INDR y actividades afines.


Este intento por regular y ordenar la explotación pesquera, podría verse exponencialmente afectado, debido a la posibilidad de que, barcos sub standard, enarbolen el pabellón costarricense. Dicha posibilidad se presenta en el Proyecto de Ley de Navegación Acuática, N° 18512, en estudio por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Lo anterior aumenta el riesgo de que Costa Rica sea posicionada en lo que se conoce como países de Banderas de Conveniencia (BDC), término utilizado para catalogar a los países que por una serie de características son atractivos para armadores que pretenden evitar las estrictas regulaciones marítimas internacionales.
Entre los países enlistados como BDC se pueden citar a Bahamas, Belice, Honduras, Bolivia, Camboya, Chipre, Malta y Panamá, estos poseen los denominados registros abiertos. Merece ser recalcado que Bolivia por ejemplo aun sin acceso al mar, cuenta con flota enarbolada bajo su bandera.
Cuando se habla de un buque con BDC, se refiere a una nave que enarbola una bandera distinta a la nacionalidad de su propietario, usualmente estructuradas mediante organizaciones societarias complejas, que dificultan la imputación de responsabilidades, siendo difícil de establecer una relación auténtica entre la nacionalidad del buque y su dueño. Esto se justifica por razones de conveniencia y oportunidad, generalmente ligadas con la reducción de costos, condiciones y requisitos. Entre los beneficios para los armadores cuando optan por estos registros, se encuentra el cumplimiento de una regulación mínima, tasas de matriculación baratas, impuestos bajos o inexistentes, incumplimiento de obligaciones laborales, dando como resultado entre otros que sean un medio idóneo para evadir controles.
No existe normativa nacional e internacional que establezca que un país se constituye como BDC. No obstante, debido a las condiciones actuales que presenta Costa Rica su inexistente y desactualizada regulación sobre el transporte marítimo, posicionan al país como atractivo para armadores que deseen enarbolar sus buques, sin que Costa Rica tenga la capacidad real de ejercer un control y peor aún de imputar responsabilidades a los armadores ante eventuales accidentes y desastres medioambientales.
Entes como la ITF, WWF y Greenpeace han señalado que estas prácticas debilitan los esfuerzos de los países por conservar y administrar las poblaciones de peces, amenazando a las empresas pesqueras, principalmente a los pescadores artesanales, el ambiente marino e implicando además un alto costo humano.
Es importante que Costa Rica no flexibilice sus requisitos por cuanto el costo será mayor al contraponerse con los potenciales daños causados a la credibilidad del país, el reconocimiento internacional y a la modernización y desarrollo del sector marítimo del país.

María Fernanda Redondo R. – Asociada
Natalia Granados Méndez
División Marítima, Nassar Abogados