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Los malos manejos de los dineros públicos de la Caja deben cesar de inmediato, aparte de sentarse responsabilidades

Adecentar una piñata política

Que “los políticos saquen las manos de la Caja”, ha dicho el diputado Walter Céspedes, y hay razones para creer que la mayoría de los costarricenses que pagan cuotas al Seguro Social piensan lo mismo.
Los estudios realizados en los últimos tiempos sobre el manejo de la institución demostraron que la mala administración es lo que la llevó a la actual crisis. Hubo juntas directivas que permitieron la permanencia de presidentes ejecutivos y gerentes que parecían cerrar los ojos ante el malgasto de los recursos.
Es por ello que Céspedes plantea, como parte de la solución a los problemas de la Caja, una reforma que permita que lleguen a dicha junta directiva los profesionales que requiere y no los políticos que designe el gobierno de turno, tal como se explica en una nota de este medio hoy.
La propuesta, entre otros cambios para profesionalizar las jerarquías y modificar ese tinglado que permitió un uso perverso de los fondos públicos, define que en esa junta los cuatro integrantes que ahora son nombrados por el Poder Ejecutivo sean elegidos por concurso público avalado por una universidad estatal. El resto de los miembros seguirán siendo nombrados por la empresa privada, los médicos, el solidarismo y los sindicatos.
Los manejos errados de la Seguridad Social son de todo tipo y tamaño. Para citar solo algunos, entre 2006 y 2010 se crearon más de 8 mil nuevas plazas en la institución, pero la atención de los asegurados no mejoró.
La falta de decisiones acertadas tiene al régimen de pensiones en graves problemas. ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo para evitar lo que ahora hay que solucionar como una emergencia?
Hay servicios, como el de cardiología y el de gastroenterología, entre otros, que tienen listas de espera para la atención de pacientes hasta de cinco años, lo cual fue permitido a pesar de que en muchos casos podía significar el empeoramiento y hasta la muerte de esos costarricenses.
Entre 2003 y 2009 se pagaron a una empresa privada al menos ¢5.200 millones para que atendiera con su acelerador lineal a los asegurados que le remitió la Caja. Con ese mismo monto se podían haber comprado al menos tres aceleradores nuevos. Si la compra se hacía a tiempo, no se hubiera generado el problema de no tener suficiente equipo para atender a los pacientes.
En fin, todo un abanico de malos manejos con dineros públicos que, en efecto, debe cesar de inmediato aparte de sentarse responsabilidades.
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