ACUERDO O APAGON
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 13 septiembre, 2010
ANALISIS
El nuevo proyecto de ley para la generación eléctrica fue entregado el mes pasado
ACUERDO O APAGON
Casi todos coinciden en que Costa Rica necesitará mucha más energía en los próximos diez años.
Desafortunadamente, pocas personas están de acuerdo sobre cómo producirla.
Por un lado, la izquierda considera que un monopolio estatal en el sector de generación de energía, garantiza la estabilidad y el acceso.
Por su parte, los empresarios sostienen que un modelo de libre mercado aumentará la competencia y reducirá el precio que tienen que pagar los consumidores.
Para romper el impasse, el Gobierno anunció el mes pasado una nueva política energética, en la que una parte del sector, estaría abierta a los productores privados como propietario-operadores de sus propias plantas, mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) seguiría siendo el jugador dominante.
El nuevo plan llega casi un año después de que la administración Arias propuso una ley que habría creado una apertura más grande para el sector privado, pero que en esta administración no encontró respaldo.
Bajo las reglas actuales, las empresas privadas solo pueden producir hasta el 30% de la potencia del sistema eléctrico nacional, y después de un plazo convenido las plantas deberán ser entregadas al Estado o cerradas.
Un elemento crítico del programa, visto de manera favorable por casi todos los costarricenses, es que se eliminaría la dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.
En los últimos años, hasta un 30% de la electricidad del país proviene de esos combustibles, que son caros, y cuyo consumo produce gases de efecto invernadero que afectan al medio ambiente.
Pero para lograr el avance de su plan, la administración tendrá que llegar a un acuerdo con todos los interesados, no solo en cuestiones ideológicas, sino también en muchos aspectos técnicos, que aún no están claros.
Al parecer, el plan propuesto por este Gobierno, permitiría que las empresas privadas generen hasta un 35% del consumo nacional.
Sin embargo, la propuesta no explica cómo se calcularía ese porcentaje.
Suponiendo que Costa Rica desarrolla un adicional de 2 mil megavatios de capacidad durante la próxima década, las empresas privadas podrían producir hasta 700 megavatios.
Pero las reglas también parecen dar más poder de generación a las cooperativas con operaciones existentes, así como a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que se incluirían en el cálculo de la cifra de 35%.
Si es así, las oportunidades para las empresas privadas podrían ser drásticamente limitadas.
El fi nanciamiento es otro componente crucial en el desarrollo de proyectos de generación de energía.
A grosso modo, Costa Rica necesitará alrededor de $10 mil millones en inversiones relacionados con la energía hasta el año 2020.
Cuanto más pida prestado el ICE mayor será la tasa de interés que los costarricenses tendrán que pagar.
Esto se debe a que los fi nancistas del ICE –al menos en algunos casos – le pedirán al Gobierno como garantía de sus préstamos.
En la medida en que el Estado consiga esos préstamos, aumentaría la deuda pública, con la consecuencia de que los prestamistas insistan en conseguir un mayor rendimiento de lo que parece ser una inversión más arriesgada, y las tasas de interés para los prestatarios podrían subir.
Por su parte, las empresas privadas también dependen de los préstamos para proyectos de generación de energía, que podría no estar disponible si los banqueros piensan que las reglas del sector no son claras.
Otra área de incertidumbre reside en el control administrativo.
La legislación propuesta dice que la planifi cación estratégica en su mayor parte quedaría en manos de una entidad llamada el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) que, se supone, sería una dependencia del ICE. Por su parte, la mayoría de los
miembros del consejo del CENCE, que determinarían los principales lineamientos del sector,
serían independientes de la empresa estatal.
Mientras tanto, el CENCE tendría que reportarse al Ministerio de Energía, salvo en el ámbito de la regulación de tarifas, que
será controlado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Además, la propuesta prohíbe a las compañías privadas invertir en plantas de generación de energía, si esto involucra tecnología
experimental, o fuentes geotérmicas.
Pero una política energética moderna, presumiblemente fomenta la innovación, por eso parece contraproducente decir a
las empresas privadas –que a menudo son las fuentes más importantes de las nuevas tecnologías y procesos – que no pueden utilizar estas habilidades en Costa Rica.
Asimismo, puesto que varias empresas privadas de todo el mundo tienen experiencia en energía térmica, es difícil entender
por qué Costa Rica les prohibiría su participación en esteámbito.
Otro problema potencial con la propuesta son las restricciones al derecho de un productor para exportar energía a otros países, a través del Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central, de los cuales Costa Rica es miembro.
Pero si los precios son más baratos en Costa Rica que en los países vecinos, la demanda local podría permanecer arti cialmente
elevada, mientras que las exportaciones serían menores de lo que podría ocurrir en un verdadero
mercado regional
En este caso, tendría más sentido si la normativa permitiera aproductores y reguladores en forma conjunta decidir si se permiten
las exportaciones realizadas sobre la base de la demanda cobrando el Estado los impuestos correspondientes; en este caso, habría que ver si ello produciría o no mayores bene cios económicospara los costarricenses, que la propuesta actual.
El plan también incluye la creación de una junta de comercialización de energía, lo que garantizaría que los productores reciban un pago de preferencia bajo, a fi n de benefi ciar a los consumidores.
Queda por ver cómo funcionaría el mercado de la energía en Costa Rica, ya que el país no ha tenido mucho éxito en la regulación de algunas operaciones, en áreas que van desde las licencias de taxi a los enlaces de microondas.
Por otra parte, la producción de energía en las economías más desarrolladas consiste en un modelo más o menos similar al que el gobierno está proponiendo.
Quizás, el principal problema en Costa Rica es que durante muchos años ha sido casi imposible conseguir la aprobación legislativa para cualquier cosa, sin importar el tema que esté en discusión.
En el sector energético, la falta de acuerdo sobre un modelo de crecimiento tendrá un efecto más dramático, que será la parálisis más temprano que tarde de la economía.
Fred Blaser
Co Presidente, República Media Group
El nuevo proyecto de ley para la generación eléctrica fue entregado el mes pasado
ACUERDO O APAGON
Desafortunadamente, pocas personas están de acuerdo sobre cómo producirla.
Por un lado, la izquierda considera que un monopolio estatal en el sector de generación de energía, garantiza la estabilidad y el acceso.
Por su parte, los empresarios sostienen que un modelo de libre mercado aumentará la competencia y reducirá el precio que tienen que pagar los consumidores. Para romper el impasse, el Gobierno anunció el mes pasado una nueva política energética, en la que una parte del sector, estaría abierta a los productores privados como propietario-operadores de sus propias plantas, mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) seguiría siendo el jugador dominante.
El nuevo plan llega casi un año después de que la administración Arias propuso una ley que habría creado una apertura más grande para el sector privado, pero que en esta administración no encontró respaldo.
Bajo las reglas actuales, las empresas privadas solo pueden producir hasta el 30% de la potencia del sistema eléctrico nacional, y después de un plazo convenido las plantas deberán ser entregadas al Estado o cerradas.
Un elemento crítico del programa, visto de manera favorable por casi todos los costarricenses, es que se eliminaría la dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.
En los últimos años, hasta un 30% de la electricidad del país proviene de esos combustibles, que son caros, y cuyo consumo produce gases de efecto invernadero que afectan al medio ambiente.
Pero para lograr el avance de su plan, la administración tendrá que llegar a un acuerdo con todos los interesados, no solo en cuestiones ideológicas, sino también en muchos aspectos técnicos, que aún no están claros.
Al parecer, el plan propuesto por este Gobierno, permitiría que las empresas privadas generen hasta un 35% del consumo nacional.
Sin embargo, la propuesta no explica cómo se calcularía ese porcentaje.
Suponiendo que Costa Rica desarrolla un adicional de 2 mil megavatios de capacidad durante la próxima década, las empresas privadas podrían producir hasta 700 megavatios.
Pero las reglas también parecen dar más poder de generación a las cooperativas con operaciones existentes, así como a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que se incluirían en el cálculo de la cifra de 35%.
Si es así, las oportunidades para las empresas privadas podrían ser drásticamente limitadas.
El fi nanciamiento es otro componente crucial en el desarrollo de proyectos de generación de energía.
A grosso modo, Costa Rica necesitará alrededor de $10 mil millones en inversiones relacionados con la energía hasta el año 2020.
Cuanto más pida prestado el ICE mayor será la tasa de interés que los costarricenses tendrán que pagar.
Esto se debe a que los fi nancistas del ICE –al menos en algunos casos – le pedirán al Gobierno como garantía de sus préstamos.
En la medida en que el Estado consiga esos préstamos, aumentaría la deuda pública, con la consecuencia de que los prestamistas insistan en conseguir un mayor rendimiento de lo que parece ser una inversión más arriesgada, y las tasas de interés para los prestatarios podrían subir.
Por su parte, las empresas privadas también dependen de los préstamos para proyectos de generación de energía, que podría no estar disponible si los banqueros piensan que las reglas del sector no son claras.
Otra área de incertidumbre reside en el control administrativo.
La legislación propuesta dice que la planifi cación estratégica en su mayor parte quedaría en manos de una entidad llamada el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) que, se supone, sería una dependencia del ICE. Por su parte, la mayoría de los
miembros del consejo del CENCE, que determinarían los principales lineamientos del sector,
serían independientes de la empresa estatal.
Mientras tanto, el CENCE tendría que reportarse al Ministerio de Energía, salvo en el ámbito de la regulación de tarifas, queserá controlado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Además, la propuesta prohíbe a las compañías privadas invertir en plantas de generación de energía, si esto involucra tecnología
experimental, o fuentes geotérmicas.
Pero una política energética moderna, presumiblemente fomenta la innovación, por eso parece contraproducente decir a
las empresas privadas –que a menudo son las fuentes más importantes de las nuevas tecnologías y procesos – que no pueden utilizar estas habilidades en Costa Rica.
Asimismo, puesto que varias empresas privadas de todo el mundo tienen experiencia en energía térmica, es difícil entender
por qué Costa Rica les prohibiría su participación en esteámbito.
Otro problema potencial con la propuesta son las restricciones al derecho de un productor para exportar energía a otros países, a través del Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central, de los cuales Costa Rica es miembro.
Pero si los precios son más baratos en Costa Rica que en los países vecinos, la demanda local podría permanecer arti cialmente
elevada, mientras que las exportaciones serían menores de lo que podría ocurrir en un verdadero
mercado regional
En este caso, tendría más sentido si la normativa permitiera aproductores y reguladores en forma conjunta decidir si se permiten
las exportaciones realizadas sobre la base de la demanda cobrando el Estado los impuestos correspondientes; en este caso, habría que ver si ello produciría o no mayores bene cios económicospara los costarricenses, que la propuesta actual.
El plan también incluye la creación de una junta de comercialización de energía, lo que garantizaría que los productores reciban un pago de preferencia bajo, a fi n de benefi ciar a los consumidores.
Queda por ver cómo funcionaría el mercado de la energía en Costa Rica, ya que el país no ha tenido mucho éxito en la regulación de algunas operaciones, en áreas que van desde las licencias de taxi a los enlaces de microondas.
Por otra parte, la producción de energía en las economías más desarrolladas consiste en un modelo más o menos similar al que el gobierno está proponiendo.
Quizás, el principal problema en Costa Rica es que durante muchos años ha sido casi imposible conseguir la aprobación legislativa para cualquier cosa, sin importar el tema que esté en discusión.
En el sector energético, la falta de acuerdo sobre un modelo de crecimiento tendrá un efecto más dramático, que será la parálisis más temprano que tarde de la economía.
Fred Blaser
Co Presidente, República Media Group