¿Está usted, dentro de las personas que han sido ultrajadas? No hay sanciones para ese funcionario perverso y que pervierte la ley

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Violencia institucional contra ciudadanos

La hemos padecido todos los que lidiamos con la burocracia. Hay casos, en que inclusive los detentadores del poder, jerarcas, se confabulan para crear situaciones que producen realidades jurídicas, aunque posteriormente, por reclamos de los ciudadanos cuando recurren a los Tribunales, esos actos son declarados espurios, son revocados y el Estado condenado a pagar los daños y perjuicios.
Y de esos hechos de la burocracia, que muchas veces son crueles, feroces e inhumanos contra el ciudadano, cuando nos preguntamos los motivos, en la superficie, es supuestamente defender la “integridad institucional”, pero en realidad, el objetivo es doblegar al ciudadano, expulsarlo, paralizarlo, para así mandar un mensaje de escarmiento, aunque sean falsos e irreales esos motivos, a pesar que el gasto al cual estos funcionarios someten a las instituciones y a los ciudadanos, resulta materialmente incalculable y moralmente invaluable.
Por qué entonces no hay sanciones para ese funcionario, perverso y que pervierte la ley, y que, se siente ungido con la verdad depositada en sus manos, a un proceso evaluativo para determinar si sus actos producen daño pecuniario al Estado, el cual, muy posiblemente se verá obligado a pagar si es condenado, pero que a ese empleado, agresor, no se le toca ni se le reprende, ni se lo cobran los daños y perjuicios que ocasiona, quedando en impunidad.
Las contralorías de servicios en cada Institución al ser parte de la estructura, además que se mueven con una lentitud y prudencia inaceptables, generalmente no resuelven nada. La Defensoría de los Habitantes hace lo propio y lo hace muy bien contra la prepotencia de los funcionarios de la estructura del Estado. Pero no es suficiente.
Sufrido el agravio, hay que esperar años, y si se recurre a la vía jurisdiccional, hasta que finalmente se haga Justicia, sobre aquellos que tomaron la Justicia Administrativa en sus manos, y quienes, sin reparo, ni cuidado, ni misericordia alguna, simplemente con el impulso de sus sentidos, dictan medidas que posteriormente resultan revocadas, porque estas son ilegítimas, sin sustento, pero que no les preocupa porque saben que nunca ellos serán perseguidos.
Lo anterior debe cambiar en la Costa Rica del siglo XXl. No podemos dejar que la arbitrariedad campee por nuestras instituciones.
No hay suficientes estructuras paraestatales, donde el ciudadano tenga espacio de defensa, sobre esos órganos disciplinarios en donde casi nunca se leen los expedientes, sino que se orientan más por la decisión del órgano instructor que generalmente está compuesto por una persona. Pero más grave aun cuando ese órgano, además de instructor, forma parte del órgano decisor, siendo juez y parte, viciando cualquier decisión que se tome, pero que el ciudadano agredido, debe recurrir a las instancias jurisdiccionales, por largo tiempo, dinero y esfuerzo.
Es cierto que las medidas cautelares han venido a resolver de alguna forma esa prepotencia de esos órganos disciplinarios: investigador y decisor, pero, insuficiente para el ciudadano común. Debemos trabajar, en especial los cientistas sociales, para proponer a los señores diputados un freno a esa burocracia prepotente, con proyectos de ley que resuelvan esa violencia institucional tan encarnada hoy en nuestra sociedad. ¿Está usted, dentro de las personas que han sido ultrajadas?

Moisés Fachler Grunspan

Abogado
moisesfachler@me.com