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Un proyecto en la corriente legislativa pondría en peligro la posibilidad de enjuiciar a los integrantes de los supremos poderes en caso de que alguna situación así lo justifique

Un proyecto que indignó

En momentos en que al país le urge liberarse de los actos de corrupción, tanto en lo público como en lo privado, que han producido ya un contagio suficiente como para considerarlos epidemia nacional, aparece un proyecto en la corriente legislativa que pone en peligro la posibilidad de enjuiciar a los integrantes de los supremos poderes en caso de que alguna situación así lo justifique.
En estos días, en que es el Poder Ejecutivo el que establece la agenda del Congreso, el citado proyecto, que apoya al menos la mitad de la bancada del Partido Liberación Nacional, busca una reforma a la Constitución para otorgar inmunidad de por vida a los presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados y magistrados.
De ese modo, se volvería sumamente difícil poder enjuiciar a cualquiera de ellos por delito contra la función pública, porque para hacerlo se requerirían un complicado proceso y los votos de al menos 38 de los 57 diputados que estuvieran a favor de eliminar el privilegio que se pretende aprobar.
Porque si de lo que se estuviera hablando fuera de eliminar ciertos privilegios de la ley actual, como se ha dicho, para que el fuero existente no se utilice para obtener protección por delitos comunes, no es en absoluto necesario agregar a ello la condición de inmunidad de por vida.
No es de extrañar que semejante propuesta haya calentado los ánimos en el Congreso y que las fuertes críticas hayan salido rápidamente del ámbito legislativo para extenderse a la población que, hastiada de comprobar actos de corrupción y malos manejos de los bienes públicos, lo que más desea es que se ponga fin a ellos.
Este es uno de los males de los que más se quejan los costarricenses hoy, los oídos sordos que hacen los gobernantes a los deseos y necesidades de la población, gobernando de espaldas a ellos.
Las promesas de campaña no se cumplen y algunas importantes leyes duermen en el abandono legislativo mientras un proyecto tan desacertado como el que hoy nos ocupa captura sorpresivamente el interés de la bancada liberacionista.
Es indispensable que el sentido de responsabilidad vuelva la labor de los congresistas hacia los asuntos que realmente esperan su atención. Los costarricenses no merecen menos que eso y es su deber atenderlos.

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