Enviar
Viernes 19 Abril, 2013

La Concesión se debe de dar, pero no bajo esas condiciones, (…) carentes de toda proporcionalidad, razonabilidad y sin justificación alguna, que como sociedad no podemos permitir


Sobre la concesión de la Ruta Uno

Me confieso defensor y creyente del sistema de Concesión de Obra Pública, pues así se puede proveer de forma acelerada la infraestructura necesaria para el desarrollo.
En las obras sometidas a este régimen debe prevalecer un balance entre el costo/beneficio para los usuarios, la nación y los inversionistas.
También me confieso creyente de la Concesión de la Ampliación de la Ruta San José - San Ramón, y creo que ese segmento de la Ruta Uno debe ser una vía con lo más altos estándares, con características de las carreteras de países desarrollados, incluyendo un amplio número de carriles.
A lo largo de los años he dado seguimiento a las noticias que nos han informado sobre el tortuoso proceso que ha habido, y he tenido la esperanza de que se concreten los trabajos.
Estoy convencido de que dicha obra es urgente para facilitar la vida a los habitantes de Occidente de la Meseta Central, y para incentivar progreso en las comunidades que se sirven de la arteria principal de Costa Rica.
He tenido fe en las autoridades de turno encargadas, incluyendo a las de esta administración.
Ha sido una desagradable e inesperada sorpresa que al anunciarse por parte de las autoridades que ya estaba lista para firmarse la documentación de la cesión del contrato adjudicado a Autopistas del Valle a la brasileira OAS, se nos informara que las obras de tan esperado proyecto ni se asoman a la ampliación inicialmente planeada.
Que se nos informara entonces que el costo de viajar de un extremo a otro de dicho corredor sería un poco menos que “un almuerzo” por sentido, que la empresa adjudicataria se cobraría la inversión en un plazo relativamente corto, y que esta seguiría cobrando durante más de dos décadas.
De repente estábamos frente a una situación carente de toda proporcionalidad, razonabilidad y sin justificación alguna, que como sociedad no podemos permitir.
La Concesión se debe de dar, pero no bajo esas condiciones.
Sin embargo las autoridades, por decisiones y cálculos de escritorio, parecen haber dejado a un lado la lógica y la razonabilidad del balance que debe tener este tipo de contrato, arrojándonos un ganador único —la empresa— rompiendo el equilibrio que es vital para hacer viable este mecanismo (el de las concesiones).
El incremento en el costo de la “nuevas obras” nos deja un mal sabor en la boca, que se torna muy amargo, al ver que estas se reducen de forma desproporcional al pago que harían los usuarios en una ruta ya construida y que en menos de una década estará obsoleta.
Interpreto que no fue una buena señal que la firma de los documentos no se efectuara con la publicidad que siempre se da para este tipo de actos, que pudo haber sido material en una de las cadenas nacionales de televisión que se nos presentan cada domingo, y preocupante ha sido que, a pesar de que se levantaron voces en amplios sectores de la sociedad y al unísono surgió una oposición a las nuevas condiciones del contrato por parte de los pobladores de la zona, las autoridades hicieran caso omiso, descalificaran argumentos y procedieran a refrendar la documentación consolidando así un acto que a todas luces es contrario a los intereses nacionales y deja de lado el bien común de la sociedad.
Continuaré con el tema en una segunda parte de este artículo.

Luis A. Álvarez Mora