Presión social detiene vía a San Ramón
La férrea oposición que ha recibido la concesión San José – San Ramón obligó al gobierno a reunirse con los alcaldes y congelar el proyecto. Marco Monge/ La República
Enviar

Congelan inicio de la obra hasta lograr consenso comunal

Presión social detiene vía a San Ramón

Ciudadanos tienen dos semanas para exponer críticas al proyecto en municipios

Hasta que no se aclaren los nublados del día, la construcción de la carretera hacia San Ramón estará congelada.
Ese fue el principal acuerdo de una extensa reunión de trabajo que se llevó a cabo ayer en las instalaciones del INA en la Uruca, y en la que participaron Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes y varios alcaldes alajuelenses.
De esta forma, la presidenta Laura Chinchilla pretende frenar el descontento que se ha generado por la concesión del contrato de la obra a la empresa brasileña OAS, la cual pretende cobrar hasta ¢2 mil por estación de peaje.
Durante el tiempo que las obras estén congeladas, el gobierno valorará las inquietudes de los ciudadanos y empresarios.
Las observaciones que hagan los vecinos de las comunidades alajuelenses afectadas y otros grupos se discutirán el seno de la comisión conformada por el Gobierno con los alcaldes de Palmares, San Ramón, Sarchí, Grecia, Zarcero, Alajuela y Naranjo.
En ese lapso, Castro aprovechará para explicar los detalles y precios de las obras a las comunidades por donde pasa la carretera, con el objetivo de convencerlas sobre la necesidad de continuar con la concesión.
De acuerdo con el contrato firmado, la firma suramericana tiene hasta seis meses para iniciar las obras, por lo que en principio, las discusiones que iniciará el Poder Ejecutivo con diversos sectores no entorpecerán el calendario de trabajo.
Por su parte, los miembros del Foro de Occidente mostraron su malestar por no recibir una invitación, y cuestionaron la representatividad de algunos alcaldes.
“Los alcaldes no están representando a las comunidades, son electos por Liberación Nacional, pero responden por los intereses del PLN. No son un interlocutor válido”, comentó Edgardo Araya, miembro del Foro de Occidente.
Castro afirmó que los alcaldes tendrán dos semanas para estudiar el actual contrato, con el objetivo de hacer modificaciones en la próxima reunión.

201304122257370.n11.jpg

Luis Fernando Cascante
[email protected]

Ver comentarios