Desprotegidos contra desastres naturales
Daniel Chacón redaccion@larepublica.net | Lunes 08 octubre, 2012
Aseguradas menos de la mitad de las instituciones públicas
Desprotegidos contra desastres naturales
Falta de dinero es la justificación para no asegurar los edificios
Si Costa Rica enfrentara un desastre natural de grandes dimensiones, el Gobierno no tendría dinero para financiar los trabajos de reconstrucción.
Y es que a pesar de que los impuestos de los contribuyentes se destinan a múltiples usos, los seguros contra incendio o terremoto no se encuentran contemplados entre sus prioridades.
Muestra de ello es que de 4 mil reclamos tramitados ante el Instituto Nacional de Seguros, como consecuencia del terremoto del 5 de setiembre, únicamente 22 pertenecen a instituciones públicas.
En la lista se incluyen clínicas y hospitales de la Caja, así como las sedes de dos universidades estatales, ubicadas en Puntarenas, Guanacaste y Alajuela.
Las pérdidas ocasionadas por el sismo de 7,6 grados se estimaron en ¢22 mil millones.
La mitad de este dinero deberá destinarse a la reconstrucción de centros salud como Ebais, clínicas y hospitales.
A pesar de que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Nicoya, el edificio público que resultó más afectado fue el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.
Los principales daños se presentaron en los pisos superiores, específicamente el cinco, seis y siete, aunque se descartaron daños estructurales.
Después de una exhaustiva inspección de la infraestructura física, comenzó la habilitación de algunos servicios prestados en dicho hospital, sin embargo, la mayoría fueron trasladados a unas 11 localidades distribuidas en diferentes lugares de la provincia.
Ante esta situación, el Gobierno tomó la decisión de iniciar la construcción de un nuevo hospital en un terreno de 14 hectáreas localizado en Barranca y que fue donado por el Ministerio de Hacienda.
Las obras tomarán varios años y se financiarán mediante un préstamo por $100 millones con el BCIE.
El sector educación fue el otro gran afectado, ya que las pérdidas alcanzaron ¢4 mil millones y el dinero para los trabajos de reconstrucción tendrán que salir de lo recolectado durante la campaña nacional Fuerza Costa Rica.
Unas 168 escuelas y colegios del país experimentaron daños, aunque tras las revisiones de los ingenieros, se determinó que 56 fueron las más afectadas en Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.
La prudencia recomienda que todo edificio debe estar asegurado contra cualquier desastre natural que pueda generar un impacto negativo.
Sin embargo, esto dependerá del monto de la pólizas calculado por la entidad aseguradora y todos conocemos las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Gobierno, aseguró Francisco Chacón, ministro de Comunicación.
Una destrucción masiva de edificios públicos nos pondría en grandes aprietos, justificó Francisco Chacón, ministro de Comunicación.
De esta forma, aunque los contribuyentes cumplen el pago de impuestos todos los días, el Gobierno se escuda en limitaciones presupuestarias para justificar el hecho de no tener asegurada su infraestructura.
Johnny Castro
jcastro@larepublica.net
Desprotegidos contra desastres naturales
Falta de dinero es la justificación para no asegurar los edificios
Y es que a pesar de que los impuestos de los contribuyentes se destinan a múltiples usos, los seguros contra incendio o terremoto no se encuentran contemplados entre sus prioridades.
Muestra de ello es que de 4 mil reclamos tramitados ante el Instituto Nacional de Seguros, como consecuencia del terremoto del 5 de setiembre, únicamente 22 pertenecen a instituciones públicas.
En la lista se incluyen clínicas y hospitales de la Caja, así como las sedes de dos universidades estatales, ubicadas en Puntarenas, Guanacaste y Alajuela.
Las pérdidas ocasionadas por el sismo de 7,6 grados se estimaron en ¢22 mil millones.
La mitad de este dinero deberá destinarse a la reconstrucción de centros salud como Ebais, clínicas y hospitales.
A pesar de que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Nicoya, el edificio público que resultó más afectado fue el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.
Los principales daños se presentaron en los pisos superiores, específicamente el cinco, seis y siete, aunque se descartaron daños estructurales.
Después de una exhaustiva inspección de la infraestructura física, comenzó la habilitación de algunos servicios prestados en dicho hospital, sin embargo, la mayoría fueron trasladados a unas 11 localidades distribuidas en diferentes lugares de la provincia.
Ante esta situación, el Gobierno tomó la decisión de iniciar la construcción de un nuevo hospital en un terreno de 14 hectáreas localizado en Barranca y que fue donado por el Ministerio de Hacienda.
Las obras tomarán varios años y se financiarán mediante un préstamo por $100 millones con el BCIE.
El sector educación fue el otro gran afectado, ya que las pérdidas alcanzaron ¢4 mil millones y el dinero para los trabajos de reconstrucción tendrán que salir de lo recolectado durante la campaña nacional Fuerza Costa Rica.
Unas 168 escuelas y colegios del país experimentaron daños, aunque tras las revisiones de los ingenieros, se determinó que 56 fueron las más afectadas en Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.
La prudencia recomienda que todo edificio debe estar asegurado contra cualquier desastre natural que pueda generar un impacto negativo.
Sin embargo, esto dependerá del monto de la pólizas calculado por la entidad aseguradora y todos conocemos las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Gobierno, aseguró Francisco Chacón, ministro de Comunicación.
Una destrucción masiva de edificios públicos nos pondría en grandes aprietos, justificó Francisco Chacón, ministro de Comunicación.
De esta forma, aunque los contribuyentes cumplen el pago de impuestos todos los días, el Gobierno se escuda en limitaciones presupuestarias para justificar el hecho de no tener asegurada su infraestructura.
Johnny Castro
jcastro@larepublica.net