Teoría de juegos: Costa Rica-Nicaragua (II)


Como anticipé en una columna anterior, desde hace ya meses la administración Chinchilla Miranda se encuentra encasillada en sus relaciones bilaterales con Nicaragua en lo que en teoría de juegos se conoce como un equilibrio Nash.
Según el excéntrico premio Nobel de economía (1994) John Nash, un equilibrio es una predicción de la(s) mejor(es) acción(es) que tiene al alcance cada parte en función de las acciones posibles de la(s) otra(s) parte(s). Esto no implica, empero, un balance entre las partes, dado que una(s) parte(s) puede(n) tener una clara ventaja mientras que otra(s) se encuentra(n) en desventaja.
El problema con el equilibrio Nash entre Costa Rica y Nicaragua es que es intrínsecamente negativo para Costa Rica: la administración Chinchilla Miranda aún no ha recobrado la soberanía sobre Isla Portillos ni frenado el dragado sobre el río San Juan. Además, Costa Rica no está ejerciendo otros derechos que le consagra el Tratado Cañas-Jerez y otros instrumentos y podría ver esos derechos disminuidos a futuro por terceras instancias. Adicionalmente, el gobierno es criticado por las fuerzas opositoras y la opinión pública por su ingenuo manejo de las relaciones bilaterales y aparente ausencia de una clara estrategia.
Nicaragua, en cambio, sigue incursionando a la burdamente llamada área de “tensión” —así denominada por la resolución del 12 de noviembre de 2010 en la supuesta “victoria diplomática” alcanzada por Costa Rica en la Organización de los Estados Americanos (OEA)— sin que sus agresiones sean siquiera ahora noticia en otras latitudes y ha embarrialado la cancha con su propia demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Internamente, el gobierno no solo sacó importantes réditos electorales sino que también ha instrumentalizado el conflicto para sacarle reiterados réditos políticos.
Si antes de los efectos colaterales de la llamada ruta 1856, la administración Chinchilla Miranda tenía alguna posibilidad de reequilibrar la correlación de fuerzas gracias a una sentencia de la CIJ previa al traspaso de gobierno el 8 de mayo de 2014, ahora ese desenlace parece menos probable.
Gracias a las “evidencias” de afectación ambiental de la trocha, que Nicaragua alegremente incorporará a su contra-memoria prevista para el 6 de agosto, supongo que Costa Rica tendrá que valorar seriamente la conveniencia de solicitar una segunda ronda de argumentos escritos (réplica y contra-réplica) ante la CIJ.
Si bien se gana la oportunidad de poner dichas “evidencias” en su justa dimensión, inevitablemente se aletarga el juicio ante la CIJ, se atrasa la sentencia —que presumo favorable a Costa Rica en relación con la soberanía de Isla Portillos—, y se prolonga el actual equilibrio favorable a Nicaragua.
Finalmente, aunado a la contra demanda presentada por Nicaragua a raíz de la trocha, condena a la administración Chinchilla Miranda a heredarle un territorio truncado a la próxima administración.


Bruno Stagno Ugarte


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